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En el marco del convenio rubricado entre el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, para que jóvenes abogados puedan realizar prácticas profesionalizantes en el ámbito del Departamento de Defensa de Consumidor, se cumplió con el proceso de selección donde 5 jóvenes profesionales fueron electos.
Luego de llevarse a cabo el concurso que consistió en tres etapas: de antecedentes, entrevista personal y una evaluación, de la cual se inscribieron 40 postulantes y de acuerdo a las mismas se sumó el puntaje y se armó un orden de mérito donde se eligió a los 5 mejores promedios.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados, Lis Calizaya, señaló que luego de una ardua tarea del Organo Evaluador, el cual integró en representación del Colegio de Abogados junto con los representantes del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, el director de Asuntos Jurídico, Sebastián Albesa, y la asesora legal Danisa García el concurso finalizo con la selección de los cinco primeros profesionales que obtuvieron el mayor puntaje y que en los próximos días firmarán un convenio con dicho ministerio para la realización de dichas practicas remuneradas en las Oficinas de Defensa del Consumidor.
“Es sumamente satisfactorio para nosotros generar está oportunidad laboral para los jóvenes abogados y abogadas que recién están iniciándose en el ejercicio de la profesión y más en un año tan difícil trazado por una pandemia”, indicó.
Cabe destacar que el Programa de Prácticas Profesionales tiene como objetivo asegurar al practicante una formación profesional comprometida no solo con el desempeño eficaz, sino también con los postulados éticos esenciales para su desarrollo integro, realizando tareas que tengan relación directa con la capacitación para adquirir habilidad en el ejercicio de la profesión de abogado.
El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción se compromete a abonar a cada practicante una contraprestación, que será liquidada en forma mensual, consecutiva e igualitaria contra la presentación de la factura correspondiente, la constancia de regularización fiscal y el informe del resultado de las tareas encomendadas oportunamente. Con una duración de seis meses y con la posibilidad de renovación según lo requiera el órgano gubernamental.
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