El Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy adhiere al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación

 
El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy expresa la adhesión al Proyecto de Ley impulsado por la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA) para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, entre otros aspectos.
Entre sus principales ejes, el proyecto busca la modificación de los miembros del Consejo de la Magistratura. El mismo, fue impulsado con el fin de mantener el equilibrio institucional y la federalización de sus miembros en el Poder Judicial.
La propuesta, respaldada por diferentes Colegios profesionales de nuestro país,  busca reformar la composición del Consejo de Magistratura con la representación de diecisiete (17) consejeros. Cinco abogados de la matrícula federal, de los cuales uno representará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro a la Provincia de Buenos Aires, los tres restantes por el resto de la provincias; cinco jueces federales, dos de ellos de primera instancia, dos de cámara y un miembro de la Corte Suprema de Justicia. También cinco representantes del poder legislativo, correspondiendo cuatro a los legisladores, dos por cada Cámara del Congreso y un representante del Poder Ejecutivo Nacional.
Finalmente, contempla dos integrantes por el sector académico, quienes deberán provenir de las facultades de Derecho de universidades públicas, con el aval de los dos tercios de los votos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El nuevo proyecto busca cumplir con el Art. 114 de la Constitución, dada la importancia del rol del Consejo de la Magistratura en nuestra sociedad y sobre todo en el Poder Judicial.
Entre otros puntos también se establecen condiciones como que sus integrantes no puedan registrar condenas penales por delitos dolosos dictadas en los últimos veinte años, ni condenas por delitos culposos, sanciones disciplinarias o administrativas dictadas en los últimos diez años y que no puedan ser miembros del Consejo de la Magistratura quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad, delitos contra la administración pública, contra la seguridad de la Nación o contra los poderes públicos y el orden constitucional.